Un agente de la AFI confirmó que le armaron una causa a Espartaco Marín

Según la declaración que reconstruyó Télam a través de fuentes parlamentarias, el agente declaró en el Congreso de la Nación que las maniobras de supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria fueron realizadas desde el área de Jurídicos que, según su relato, fue engrosada en cantidad de empleados y tareas a partir de la llegada de Cambiemos al poder, en diciembre de 2015.

El hombre, pronto a jubilarse y cuya identidad no es revelada por cuestiones de seguridad, sostuvo que hacia finales de 2017 la AFI «dio un giro de 180 grados que implicó el desmantelamiento de la oficina de Análisis y Reunión de información y un achicamiento del área de Contrainteligencia, en favor del crecimiento de Jurídicos».

En ese marco, indicó que la gestión de Cambiemos «sobredimensionó» el área de Jurídicos porque pasaron a ser prioridad las causas judiciales, sobre todo aquellas que apuntaran a dirigentes kirchneristas; que el sector pasó a ser «apoyado por las otras subdirecciones de la agencia» y que «se dejó de lado» la inteligencia criminal.

A su vez, reveló que en una oportunidad, desde el sector de Interior, «llegó un caso vinculado a Espartaco Marín, hijo del ex gobernador justicialista de La Pampa Rubén Marín», y que cuando lo analizó decidió «dejarlo de lado» porque entendió que se trataba de una «operación política».

Se trata de la causa federal que tomó estado público en mayo del 2019, cuando se filtró una lista de 23 personas ligadas a una investigación de la Policía Federal sobre Narcotráfico. La misma se inició a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada. ¿Qué se investigaba? La presunta liberación de rutas y el crecimiento patrimonial de algunos empresarios. En el listado se podía apreciar que figuraban también dos altos jefes policiales y un cura.

Un artículo de Letra P menciona que esto permitió cumplir el objetivo de la «AFI amarilla: Marín, que quería ser candidato a diputado nacional, tuvo que bajarse de la pelea electoral y fue sobreseído finalmente en diciembre pasado 2019». Además, revela que «en el expediente figuraba el nombre del espía que firmó la falsa acusación. Era José Padilla, el subdirector de Asuntos Legales de la AFI, a quien Caamaño sumarió y le inició una causa penal».