El arbitraje presidencial ratifica las objeciones del mandatario pampeano quien argumentó oportunamente que “el proyecto tiene inviabilidad técnica y económica, pero, fundamentalmente la resistencia de las otras cuatro provincias que conforman el Coirco”.
La pelea por la construcción de la represa Portezuelo del Viento en los términos arbitrarios que planteaba Mendoza se desarrolló tanto en terreno judicial como político.  
Desde un principio, y con el antecedente del ecocidio causado por Mendoza por el corte del rio Atuel, La Pampa planteó desde múltiples aspectos técnicos, ambientales y humanitarios las objeciones al proyecto.
Esta fue una postura de administraciones provinciales anteriores, principalmente durante la gestión de Carlos Verna.
En junio de 2020, el Consejo de Gobierno del COIRCO, presidido por el ministro del Interior, Wado de Pedro, resolvió por amplia mayoría y a propuesta del gobernador Ziliotto, apoyada por Buenos Aires, Río Negro y Neuquén,  detener el avance de la obra por parte de Mendoza y decidió la realización de un estudio de iImpacto ambiental en toda la cuenca interprovincial.

Comunicado del Gobierno nacional
El presidente dictó Laudo por Portezuelo y ratifica la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental Integral
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dictó el laudo arbitral solicitado por la provincia de Mendoza por la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO) y, en ese marco, ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra "Portezuelo del Viento", de conformidad con lo dispuesto por el laudo arbitral anterior dictado el 16 de enero de 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.
Además, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, a colaborar con el COIRCO en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios y de los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán llevarse a cabo en un plazo de 60 días.
Cabe recordar que Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO junto con Mendoza, solicitaron durante la reunión del Consejo de Gobierno del Comité la realización de dicho estudio ambiental integral para aprobar la obra.