La Secretaría de Comercio encabezó operativos de control este fin de semana y clausuró un hipermercado en la ciudad bonaerense de San Martín por los incumplimientos.
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El Gobierno aplicó 770 multas por un monto de $806 millones a supermercados y empresas de consumo masivo por detectar distintos incumplimientos del programa Precios Justos. Las sanciones, que se aplicaron en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, responden a infracciones como faltantes de mercadería y stock en los comercios.
En ese contexto, la Secretaría de Comercio, que preside Matías Tombolini, junto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Municipio de San Martín, llevaron adelante un operativo de fiscalización en el Hiper Jumbo, ubicado en la calle San Lorenzo 3773 para controlar el cumplimiento del programa.
El control se generó tras la recepción de reiterados reportes por incumplimientos en esa sucursal que fueron denunciados por clientes a través de la aplicación móvil de Precios Justos.
Tras las denuncias, los inspectores fuero nal lugar a constatar lo reporteado y posteriormente la fiscalización en el lugar. Durante las verificaciones se corroboraron las distintas irregularidades, se informó oficialmente.
Además, se registraron infracciones vinculadas a faltantes de mercadería y stock, principalmente en los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, aceites, atún, harina, yerba y fideos; así como la ausencia de señalización de los productos que forman parte del programa oficial.
El resultado arrojó falta de stock en 32 productos, además de otros 14 que presentaron más de un 80% de faltante. Ante esto, los verificadores labraron las actas correspondientes.
Sumado a eso, también encontraron incumplimientos de normativas municipales los cuales derivaron en la inmediata clausura del supermercado.
Estos procedimientos se encuentran enmarcados en el plan de fiscalizaciones que encabeza la Secretaría de Comercio y que es articulado a partir del trabajo en conjunto entre distintas áreas del Estado tanto a nivel nacional, provincial como municipal cuyo objetivo apunta a verificar el cumplimiento de los acuerdos voluntarios suscritos por empresas y supermercados.
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