El Gobierno dispuso la intervención administrativa de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur por un plazo de 180 días tras los cortes de servicio prolongados durante las últimas semanas de ola de calor. Para eso nombró al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi como interventor. El Poder Ejecutivo no tomará control operativo de la compañía pero tendrá el poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio.

En el Ministerio de Economía aseguraron que esta acción administrativa “no afectará los derechos de los accionistas” y que eso despeja riesgos de que la controladora ENEL pueda recurrir al CIADI -el tribunal del Banco Mundial que dirime disputas contractuales entre Estados y compañías privadas- para reclamarle al Gobierno nacional por incumplimiento de contrato. “Si prima la seriedad jurídica no tendría sentido una denuncia ante el CIADI”, mencionó una fuente oficial.

El ENRE, además, evalúa nuevas sanciones millonarias a la compañía por el servicio defectuoso durante la última ola de calor de las últimas semanas. Según explicaron a Infobae fuentes del equipo económico, además de la multa por $1.200 millones que ya fue oficializada, habrá una suma similar que podría tomar estado firme en las próximas semanas. Y además, prepara otra batería de sanciones monetarias por los cortes de las últimas semanas. En total, podrían sumar $2.700 millones, anticipó el ministro de Economía Sergio Massa.

“Los cortes de luz en comercios y casas fueron las imágenes que marcaron la agenda de los ultimos 15 días en la Argentina y sobre todo en el AMBA. En ese sentido, la eminente decisión de ENEL de poner en venta Edesur aparece de alguna manera como un factor de incertidumbre”, mencionó el ministro y aseguró que el ENRE observó “incumplimiento en las obras de inversión”.

En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que la intervención tendrá como objetivo “la fiscalización de las obras y de cumplimiento de la mejor en el servicio que debe tener la empresa. Una situación como la que nos tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más”, dijo Massa.

Por otra parte, el ministro de Economía informó que la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón informará al mercado de capitales cuáles fueron los incumplimientos detectados por la inspección del ENRE a través de un informe preliminar que luego será girado al Congreso. Además, mencionó que los $2.700 millones de multas que prevé el Ministerio de Economía serán para reintegros a usuarios afectados.

“Queremos dejar claro que no se afecta el contrato de concesión ni el derecho de los accionistas, pero que el Estado va a fiscalizar el cumplimiento del contrato. No podemos permitir que el servicio público, un servicio básico, se vea afectado por incumplimiento de las empresas”, concluyó Massa en un anuncio del que participaron el secretario de Legal y Técnica Ricardo Casal y el titular del ENRE Walter Martello.

Fuentes del equipo económico mencionaron que en el diagnóstico que hizo el ENRE sobre la calidad de servicio de la empresa había dos elementos: algunos que consideraron “crónicos”, entre ellos una subinversión que todavía no fue estimada en términos monetarios por los técnicos, y un deterioro más pronunciado una vez que se dio a conocer la intención de ENEL de desprenderse de la distribuidora.

Edesur tiene a su cargo la distribución de energía para más de 2 millones de hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Su zona de concesión alcanza una superficie de 3.300 km2, que abarca el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires y todo el sur del conurbano. Su red eléctrica tiene una extensión de 32.500 kilómetros y representa, según la propia empresa, el 20% de la energía del país.

Edesur, empresa surgida del proceso de privatización del servicio eléctrico iniciado en 1992, es propiedad del ENEL desde 2008. La compañía, controlada por el estado italiano, anunció en noviembre pasado que planeaba vender activos en varios países para reducir su deuda y completar un proceso de transición hacia energías más limpias.

Dentro de esa desinversión está incluida Edesur y otros activos que la empresa posee en la Argentina, como las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica.

La intención del ministerio de Economía orientada a tomar una medida drástica contra la distribuidora de electricidad había sido anticipada en declaraciones a Canal 9 por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk. “Hablé con Sergio Massa; cuando llegó de Panamá se fue directo al Ministerio. Uno de los temas que preocupan es el problema de Edesur y la respuesta que me dio fue ‘esto no va más’”, había anticipado el funcionario.

Por otra parte, la semana pasada desde la Secretaría de Energía se instruyó al ENRE -el ente regulador con jurisdicción sobre el AMBA- para realizar una denuncia penal a todo el directorio de Edesur por los delitos malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas, en virtud de la dramática situación generada por los cortes de suministro en algunos barrios de CABA y del Gran Buenos Aires.

Además, también se había pedido al ENRE acelerar la elaboración de un informe de estado de la concesión para ser elevado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.