NoticlickEl escenario legal de los productos de nicotina en Argentina ha dado un giro radical. Mediante la publicación de la Resolución 549/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei estableció un marco de regulación integral que alcanza a los vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches).
Con esta medida, el Estado abandona el esquema prohibitivo que regía desde hace más de una década para implementar un sistema de control, fiscalización y tributación. Según informaron fuentes gubernamentales, el objetivo primordial es ordenar un mercado que, hasta hoy, operaba casi en su totalidad en la informalidad y sin controles sanitarios.
Desde el Ejecutivo señalaron que la prohibición previa no impidió el consumo, sino que fomentó un circuito ilegal de artículos sin trazabilidad ni control de componentes. "Actualmente, el circuito informal domina el mercado. Se consumen de manera habitual artículos que no tributan y de los cuales se desconoce su composición real", explicaron voceros oficiales.
La nueva normativa exige a fabricantes y comerciantes:
Registro obligatorio: Ningún producto podrá comercializarse sin estar inscripto ante las autoridades.
Declaración de componentes: Control estricto sobre la concentración de nicotina y sustancias permitidas.
Trazabilidad y calidad: Estándares de fabricación para garantizar la seguridad del consumidor.
Un punto central de la Resolución 549/2026 es la eliminación de saborizantes en los vapeadores. Los expertos en salud identifican a los sabores dulces y frutales como el principal "gancho" para el inicio del consumo en menores de edad. Con esta restricción, el Gobierno busca formalizar el mercado para adultos mientras intenta blindar el acceso a los jóvenes.
Hasta la entrada en vigencia de este nuevo marco, Argentina mantenía restricciones severas:
Disposición Anmat 3226/2011: Prohibía la importación y venta de cigarrillos electrónicos.
Resolución 565/2023: Había extendido la prohibición al tabaco calentado.
Bolsas de nicotina (pouches): Se encontraban en un "vacío legal" pero bajo alerta sanitaria constante.
La nueva regulación fue coordinada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete. Además de las cuestiones sanitarias, la formalización del sector permitirá establecer una tributación diferenciada según la categoría de cada producto, integrando a estas empresas al sistema recaudatorio formal.
Desde el Gobierno justificaron el cambio de paradigma basándose en experiencias internacionales, donde se demostró que la regulación estatal es más efectiva que la prohibición total para mitigar los riesgos asociados al consumo de nicotina en mercados dinámicos.
