NoticlickEl nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires. La ley 27.801, que entró en vigencia el fin de semana, chocó de inmediato con una decisión judicial que ordenó suspender su implementación de manera preventiva por sesenta días en el territorio bonaerense.
La cautelar la dictó Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo de alcance colectivo. La presentación había sido impulsada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en favor de los adolescentes que hoy se encuentran privados de su libertad.
El fundamento de la resolución no discute el contenido de la norma sino su viabilidad material. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los dieciséis a los catorce años, lo que habilita a llevar a juicio a chicos de esa franja por los delitos previstos en el Código Penal. Para la magistrada, ese cambio va a traducirse en un salto significativo en la cantidad de menores detenidos, por dos vías simultáneas: el ingreso de nuevos casos y la permanencia más prolongada de quienes ya están dentro del sistema de encierro.
Sobre esa proyección, la jueza puso en duda que el Estado provincial cuente hoy con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para recibir a esa población respetando los estándares que rigen en materia de derechos humanos de la niñez.
La decisión llega el mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó el régimen, y deja planteada una tensión que recién empieza: una norma sancionada por el Congreso queda frenada en el distrito más poblado del país por una resolución de primera instancia. El plazo de sesenta días funciona como una ventana para que la provincia acredite capacidad de infraestructura, aunque la resolución es apelable y el conflicto tiene todo el aspecto de escalar hacia instancias superiores.
