Los magistrados son el juez provincial de Faltas, Miguel Vagge, y el juez del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer (en uso de licencia). El fiscal general es Guillermo Sancho, uno de los cuatro que tienen esa jerarquía en el Ministerio Público Fiscal. Junto con ellos también estuvo un funcionario provincial que ayer mismo fue expulsado de su cargo a través de un decreto que firmó el gobernador Sergio Ziliotto. El caído en desgracia es Pedro Arcuri, Coordinador de la Planta Automotor de -aunque suene irónico- la cartera de Salud.

En el encuentro había otras tres personas que no tienen cargos públicos, aunque también deberán enfrentar la denuncia por violar las medidas sanitarias vigentes en la actual etapa de la cuarentena.

De otro poder.
Al tratarse de funcionarios de otros poder del Estado, el Judicial, el mandatario provincial no tiene facultades para echar a los jueces y al fiscal, como sí lo hizo con Arcuri, por lo tanto, la decisión que se tome respecto a los magistrados y al alto miembro del Ministerio Público Fiscal correrá por cuenta de las autoridades pertinentes, en función de los mecanismos legales vigentes.

Lo paradigmático en este caso es que quienes violaron la cuarentena -el ya célebre artículo 205 del Código Penal- fueron quienes deben aplicar la ley: de hecho, el fiscal Sancho es quien ha promovido miles de expedientes contra personas que violaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo hasta ahora. En el caso del juez Vagge, es el que dicta las sentencias para quienes cometen infracciones al Código Provincial de Faltas.
Respecto de Balaguer, quien sigue integrando el tribunal de alzada en materia penal, lleva meses con licencia por un problema de salud y -antes del episodio que se relata en esta página- se sabía que, por esa misma razón, ya no volvería a ocupar su cargo. En noviembre del año pasado, el magistrado había recibido un reconocimiento por cumplir 30 años de servicio en el Poder Judicial y en enero de 2020 se oficializó su reemplazo en el TIP.

Dos juntadas.
La denuncia la realizó ayer por la tarde el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, ante el fiscal Máximo Paulucci. En ella consta que, de acuerdo a la investigación epidemiológica realizada en torno al caso de General Acha, se determinó que el paciente había viajado a Pellegrini el 19 de julio donde comió un asado en un campo de la zona junto a otras nueve personas. Fue un almuerzo realizado en el marco del festejo de un cumpleaños.

Ese mismo día, en horas de la mañana, el municipio bonaerense dio a conocer que había dos casos positivos de Covid-19 en su distrito, los que con el correr de las horas pasarían a ser una decena. En la presentación, Vera dejó en claro que el viaje del caso 0 de General Acha no era por trabajo sino por una reunión social, algo que no está permitido.

Tras regresar de la zona de Pellegrini, el vecino achense no hizo cuarentena alguna, sino que siguió su rutina habitual. De regreso pasó por Santa Rosa, levantó a un policía que hacía dedo y volvió a General Acha. Ya en su ciudad estuvo en un campo con cuatro personas. Al día siguiente, ya lunes 20 de julio, estuvo con tres personas en su oficina, almorzó en un campo con otras seis personas y ya en horas de la tarde llegó a Santa Rosa donde estuvo en dos comercios (tuvo contacto con dos personas) y finalmente se reunió con amigos y amigas en la cena en cuestión.

Cabe recordar que en La Pampa solo los sábados, domingos y feriados están permitidas las reuniones sociales nocturnas, hasta la medianoche, pero no los días de semana.