Ayer a la mañana, Campos le tomó declaración indagatoria en sede fiscal, a los seis uniformados que están sospechados de la sustracción del dinero que la pareja llevaba consigo al momento del siniestro.

Durante la madrugada del jueves 19 de mayo, Quiroz y Encina viajaban por la ruta provincial 4 a bordo de un Volkswagen Senda. A poco de haber salido de Trenel, el vehículo se despistó, chocó contra un árbol y Quiroz falleció en el lugar. La mujer quedó internada en Terapia Intensiva en el Hospital Centeno y el lunes a la tarde, recibió el alta médica. Días después del hecho, un hijo de la pareja denunció el faltante de una importante suma de dinero, cercana a los 100 mil pesos.

Imputación.

El fiscal Campos, explicó que aunque aún no se les formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria, ya quedaron imputados en la causa, en la cual se los investiga por el delito de Hurto. En este caso, la figura se agrava por la condición de servidores públicos de los acusados y por el estado de indefensión y vulnerabilidad de las víctimas.

"Se recibió una denuncia por parte de un hijo de los damnificados donde ponían en conocimiento que la madre de ellos que viajaba en el vehículo llevaba una de dinero entre sus pertenencias y luego no fue restituida cuando le entregaron los elementos personales. Se inició una investigación a través de la Brigada de Investigaciones por intermedio de la comisario Vanina Fileni y la primera medida que fue llevar a cabo una serie de allanamientos para secuestrar la telefonía celular de los policías que habían estado en contacto con el vehículo", dijo el fiscal.

Además, agregó que los policías ayer quedaron formalmente imputados por el delito que se investiga.

"Es un hurto agravado por las circunstancias de vulnerabilidad de los damnificados y por ser un funcionario público", indicó.

También agregó que una ventana de tiempo que va desde el momento del siniestro hasta que llevaron el auto al depósito en Trenel.

Por último, Campos recordó que la última modificación del Código Procesal Penal de La Pampa "permite la producción de prueba jurisdiccional anticipada sin formalizar. En este momento, las medidas de prueba son de abrir los teléfonos y analizar la información y para esto no preciso que la causa esté formalizada ni preciso llevar a cabo ninguna medida coercitiva".