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La Justicia inspeccionará el avión venezolano retenido en Ezeiza

Trabajan en una batería de medidas de prueba que incluirá la inspección del avión Boeing 747 de la empresa Emtrasur.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona trabajan por estas horas en una batería de medidas de prueba que incluirá la inspección del avión Boeing 747 de la empresa Emtrasur.

El avión llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza el lunes de la semana pasada y se encuentra bajo custodia judicial.

Dos días atrás, el juez Villena le había solicitado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le informara cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave investigada, pero con el correr de las horas se dispuso que el avión quedara directamente bajo custodia, detallaron las fuentes consultadas.

Las medidas fueron dispuestas en el marco de la causa que aún se encuentra bajo secreto de sumario en la que se investiga si alguno de los 19 tripulantes que llegaron a la Argentina a bordo del avión de Emtrasur tiene algún vínculo con el terrorismo internacional, a raíz de una presentación judicial que hizo la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, querellante en el expediente.

Villena dispuso la prohibición de salida del país de los tripulantes -14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes- del avión que, tras un procedimiento realizado en el hotel de Canning donde se encuentran alojados, en el que se secuestraron computadoras, tablets y teléfonos celulares.

Fuentes de la investigación informaron que en los operativos de ayer fueron secuestrados 18 teléfonos celulares, 7 computadoras tipo notebooks y 5 tablets que serán sometidos a peritajes que realizará la división de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron desde esa fuerza.

Fuente: Télam

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Reforma a la Ley de Glaciares: La Pampa interpone Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema

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La presentación suma como antecedente el reciente fallo de la propia Corte, en el que repuso la vigencia de la Ley de Tierras, en orden a una necesaria y oportuna protección ambiental para evitar daños irreparables. La decisión de La Pampa obedece al rechazo de la medida cautelar por parte de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En ella se había solicitado la suspensión inmediata de la reforma de la Ley de Glaciares hasta que se resuelva la demanda de amparo colectivo ambiental, también presentada oportunamente.