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La Dirección de Defensa del Consumidor perteneciente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo del ministro Ariel Rauschenberger, realizó 59 actos administrativos, disposiciones que aplican sanciones a diferentes empresas y comercios a través de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, alcanzando la cifra de $ 15.000.000.
Provinciales
NoticlickLos rubros que sobresalen en las disposiciones son vinculados a empresas administradoras de planes de ahorro de vehículos, empresas de turismo y hotelería, comercios de indumentaria deportiva, empresas de telefonía móvil y empresas financieras, en otros casos.
Florencia Rabario, responsable del área, detalló a la Agencia Provincial de Noticias que la información publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial con sanciones a empresas y comercios se da en el marco del cumplimiento a la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. El procedimiento establecido en la Ley de Defensa del Consumidor se caracteriza por ser un “procedimiento conciliatorio”, que es motivado por la denuncia de una persona, se habilita a la autoridad de aplicación administrativa a convocar a una audiencia de mediación donde se puedan ampliar los detalles del reclamo.
En este caso, Rabario destacó el rol de su Dirección. “El trabajo principal de nuestra oficina radica en fortalecer la etapa de mediación entre los consumidores y las empresas, con el objetivo de resolver los inconvenientes que pudieran tener”. La funcionaria agregó que “si estos conflictos no se pueden resolver en la mediación (y existe una violación a la Ley de Defensa del Consumidor), corresponde utilizar las herramientas que la Ley prevé para que estas conductas no se reiteren en el futuro”.
En aquellos casos en los que una empresa o comercio no solucione el problema denunciado o evada la convocatoria prevista en la Ley, se establece que la Dirección General de Defensa del Consumidor pueda efectuar una imputación ante las infracciones constatadas y, de corresponder, se imponga una sanción.


Proceso de mediación y conciliación
La funcionaria explicó en detalle cuál es el procedimiento inicial para generar un ámbito de “mediación y conciliación”, donde se trata de unir a las partes en una audiencia para solucionar de manera rápida y ágil, el inconveniente.
Según datos del área más del 70% de las mediaciones se resuelven en una primera instancia. Si el inconveniente no puede ser solucionado en esta primera instancia de buena voluntad, se inicia un expediente que continúa en acuerdo a las atribuciones que da la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, las cuales pueden culminar con un acto de imputación en caso de verificar infracción a la Ley. Ante estas situaciones, Rabario explicó que “muchas de las empresas han cambiado la actitud que asumen frente a la autoridad de aplicación de la Ley Defensa del Consumidor. Esto se observa cuando las empresas se presentan en los procedimientos administrativos y hacen ofrecimientos razonables de solución, lo que beneficia a las y los consumidores y usuarios que reclaman; es decir, que el mayor esfuerzo se pone en la etapa de mediación para que se solucione inmediatamente el inconveniente de la persona que está reclamando”.
Articulación con municipios y oficinas del interior
La directora también resaltó el trabajo permanente de articulación con los municipios y las distintas áreas que están presentes en las localidades, porque es a través de ellas que se brinda un marco de contención importante. “Esto lo vemos con la apertura de distintas oficinas en el interior de la Provincia que permiten dar un espacio de consulta e información a vecinos y vecinas que antes no existía; y que provocaban un perjuicio, ya que de una forma u otra debían trasladarse y realizar las gestiones en las oficinas de Santa Rosa”, indicó.
"La existencia de las oficinas con personal dedicado, hace que vecinos y vecinas puedan encauzar inicialmente una consulta o reclamo sin realizar gastos de traslado", finalizó.





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El piloto argentino retomará la actividad oficial en febrero, en la recta final de la pretemporada de la Fórmula 1 2026.

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En el marco de la política pública energética que impulsa el Gobierno de La Pampa, la Secretaría de Energía y Minería, a través de la Administración Provincial de Energía (APE), firmó un contrato de ampliación de obra con la empresa Martínez de La Fuente para la Estación Transformadora 132/33/13,2 kV de General Pico. La inversión se financia a partir del acuerdo alcanzado con CAMMESA, que reconoce a la Provincia por mantenerse al día con el pago de sus obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista y permite reinvertir esos recursos en infraestructura eléctrica estratégica.

Efectivos policiales de la Comisaría Departamental de Toay secuestraron este viernes una importante cantidad de plantas de cannabis de una casa. El personal policial se acercó primero por una presunta pelea con arma blanca.

Nazareno Otamendi circulaba en una camioneta, que chocó contra un camión. La ruta provincial, entre Quehué y la Nacional 35, se encuentra cortada. Es la primera víctima fatal en siniestros viales del 2026.

Entre el 13 y el 19 de enero, el Programa Cuidar Vidas desplegó en todo el territorio pampeano un amplio dispositivo de prevención y control en rutas, accesos y localidades, que incluyó 67 operativos y puestos de control coordinados por las Unidades Regionales, los Puestos Camineros y las áreas operativas de la Policía de La Pampa.

El siniestro se produjo entre la Ruta Nacional 35 y Doblas. Trabajaron bomberos de esa localidad y de Ataliva Roca. La ruta estuvo cortada hasta las 13.30 horas para retirar el camión.





Como ocurrió en esta capital el pasado 12 de diciembre, el Presidente en la ciudad balnearia recorrió lugares céntricos y muy concurridos. En la icónica esquina de Avellaneda y Güemes dio un discurso desde una camioneta, con un megáfono como amplificador.

Se trata de Manuel Molinari, el hombre que manejaba la camioneta, y de Naomi Quirós, la joven que manejaba el vehículo en el que viajaba Bastian.

A través del Decreto 53/2026, el Presidente amplió el temario del Congreso para tratar el “Régimen Penal Juvenil”. La medida se oficializó horas después del anuncio en Mar del Plata.

El Instituto José Hernández funcionó durante décadas bajo gestión privada. Su paso a la órbita estatal en 2023, mediante la Ley 3566, abrió la puerta a una transformación profunda. La intendenta Mónica Stadler lo sintetizó con claridad: “Para la comisión que administraba el colegio hubiera sido imposible llevar adelante esta refacción”.

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