NoticlickEl llamado se conoció pocas horas después de que el gobernador Sergio Ziliotto instruyera a la Fiscalía de Estado para que interponga una medida cautelar urgente ante el máximo tribunal en la demanda judicial que inició el año pasado.
La audiencia se realizará el 5 de noviembre, en el marco del reclamo que la Provincia mantiene por el desfinanciamiento del sistema previsional pampeano.
“Un paso más, fruto de nuestro compromiso con las y los pampeanos. Hemos sido convocados por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia con el Estado Nacional, en relación a nuestra demanda por el desfinanciamiento de nuestro sistema previsional. Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega. Una vez más, vamos a defender La Pampa. Por historia y por mandato popular”, expresó el gobernador Ziliotto.
Desde la asunción del actual Gobierno nacional, el Instituto de Seguridad Social de La Pampa (ISS) no ha recibido los fondos que le corresponden por ley. En consecuencia, el sistema previsional pampeano ha sido sostenido por el Gobierno provincial y, en menor medida, por los municipios, que en conjunto deben cubrir el déficit generado por el incumplimiento de la Nación.
Solo durante 2025, el Presupuesto provincial destinará $145.000 millones, suma sin actualizar, para garantizar el pago de las jubilaciones, de los cuales el 11% corresponde a los aportes municipales.
Cabe recordar que en 2024 la Provincia ya había presentado una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando el cumplimiento de las leyes que establecen la obligación de la Nación de financiar el déficit previsional.
Este martes a la mañana, el Gobierno pampeano había presentado una medida cautelar ante la Corte Suprema con el objetivo resguardar la sustentabilidad del sistema previsional provincial, que atraviesa una situación delicada como consecuencia de la falta total de transferencias desde el Gobierno nacional, la eliminación de artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban las obligaciones de pago y la ausencia de auditorías y adelantos mensuales previstos por la normativa vigente.
A ello se suma el impacto de la recesión económica nacional, que afecta los ingresos provinciales, y el incumplimiento de convenios en materia de obra pública, que también debieron ser afrontados con recursos propios del Estado pampeano.
La convocatoria a esta nueva audiencia representa un avance institucional en defensa de los derechos de las y los jubilados pampeanos, y reafirma el compromiso del Gobierno de La Pampa con la defensa del federalismo, la legalidad y los recursos que pertenecen a todas y todos los pampeanos.
