En entrevistas previas, el jefe comunal pampeano había afirmado que en su zona "la gente sale a cazar para traer la proteína para su casa" y que la caza de jabalí se había transformado en una actividad económica para "ganar un pesito para poder sobrevivir".
Ante estas expresiones, el Foro manifestó su "repudio enérgico", advirtiendo que tales palabras no solo son irresponsables, sino que "constituyen una gravísima legitimación de conductas ilícitas". La organización destacó que el furtivismo es uno de los delitos rurales más extendidos en La Pampa y que "naturalizar la caza ilegal equivale a enviar un mensaje de tolerancia frente al delito".
Críticas a la justificación social del delito
El documento del Foro de Seguridad Rural es tajante al diferenciar la necesidad social de la actividad delictiva. Según el texto, "el ingreso clandestino a campos privados con perros y armas no es una necesidad social: es un delito". Asimismo, detallaron las consecuencias directas de estas prácticas, calificándolas como "violación de la propiedad privada", "destrucción de instalaciones" y "muerte de animales productivos", lo cual genera daños económicos y emocionales "profundos y reiterados" en los productores.
Para la entidad, la posición de Cein resulta inaceptable dada su investidura. El comunicado señala que "resulta inadmisible que un funcionario público, investido de autoridad y responsabilidad institucional, relativice o justifique conductas que la ley tipifica claramente como ilícitas". En ese sentido, subrayaron que las autoridades tienen la obligación de prevenir el delito en lugar de ofrecer argumentos que puedan interpretarse como una validación del mismo.
Exigencia de medidas concretas
Hacia el final del documento, el Foro de Seguridad Rural Argentino hizo un llamado a los poderes competentes para que se expresen con claridad en defensa de la legalidad y para que "refuercen los controles rurales y promuevan acciones concretas contra el furtivismo".
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la propiedad, concluyendo que "no aceptaremos ningún discurso que, directa o indirectamente, legitime prácticas ilegales que perjudican gravemente a la comunidad rural".
