"En nuestro país, en los últimos años, se han impulsado una serie de regulaciones, respecto a la limitación en el uso de artefactos pirotécnicos. Provincias, como Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur entre otras, y Municipios, como Bolívar, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche y Santa Rosa, por ejemplo, han avanzado en este mismo sentido", recordaron los impulsores de la iniciativa.

A propósito de la iniciativa presentada, los legisladores y la legisladora declararon: “Hemos logrado consensuar un proyecto que tiene como objetivo proteger la salud, tranquilidad, bienestar y seguridad de personas y animales, el sano esparcimiento familiar y la protección del medio ambiente. En la actualidad, el panorama sobre esta cuestión en el resto del mundo es dual. Pues, mientras que algunos Estados han optado por reglamentar su uso, restringiendo su venta y aplicando severas sanciones al comercio ilegal, otros han decidido la prohibición absoluta, reconociendo la peligrosidad intrínseca de los elementos de pirotecnia, pasibles de causar daños graves a la salud humana, a los animales y al ambiente”.

“El uso libre y sin control de pirotecnia afecta de diversas formas a sectores vulnerables de la sociedad, a los niños, a la fauna y al ambiente, por lo que dicha actividad debe regularse o prohibirse en pos de su protección. La necesidad de regular o prohibir su uso surge de la propia peligrosidad de estos artefactos. Además de los daños ambientales que el uso de estos elementos puede ocasionar, los usuarios y espectadores de éstos productos son los principales (aunque no los únicos) perjudicados, al sufrir quemaduras de diversa gravedad, lesiones auditivas u oculares, intoxicaciones o pérdida de miembros. También se perjudica a aquellas personas que padecen de forma grave su uso por terceros, como las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y Trastorno Generalizado en Desarrollo (TGD). Y hay que considerar las consecuencias nocivas que producen en los animales y en medio ambiente. Como uno de los poderes del Estado, tenemos la obligación de impulsar modificaciones legislativas en pos de la protección de las personas, los animales y el ambiente, aunque debamos promover, para ello, cambios culturales y en las costumbres”, declararon finalmente los diputados y la diputada.