La situación de las defensorías en La Pampa es un espejo de lo que ocurre en las fiscalías. El hecho de que haya que tramitar ingentes causas por un delito que no era frecuente en la provincia, sumado a la situación de la pandemia, ha producido que la Defensa Pública tenga que redoblar esfuerzos con el mismo personal en las cuatro defensorías y con escasos recursos, y su fin era conocido.

Los encontronazos con el procurador Mario Bongianino, en el pedido de la Defensoría de ocupar un espacio de diferenciación de la tarea respecto de las que ejercen las fiscalías, nunca se acalló, siempre motorizado en la necesidad de pretender la existencia formal de un Ministerio de la Defensa, que deje de operar bajo la órbita del MPF generando un cambio medular en el sistema judicial.

Con la actual legislación, más allá de lo legal, el MPF le marca la cancha a la defensa oficial con límites de todo orden que conspiran contra el funcionamiento del organismo y sus dos funciones primordiales: asegurar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos de la provincia y la de proteger sus derechos humanos.

Una década en el cargo.
El 13 de mayo pasado se cumplió una década desde la puesta en funcionamiento de la Defensoría General de la Provincia de La Pampa. El organismo a cargo de Eduardo Aguirre siempre se destacó por su trabajo por «los derechos humanos de los más vulnerables».

Destacó la tarea de autoridades, trabajadores y trabajadoras. Cuando se cumplieron los diez años, Aguirre explicó que «hemos construido nuestra pequeña épica, hemos señalizado -para siempre- nuestra propia impronta. Los derechos humanos de los más vulnerables no admiten retroceso. El desafío es que quienes continúen profundizando ese rumbo ético, político e ideológico, se ganen el mismo apoyo rotundo, inédito y generoso de la Defensora General de la Nación». Continuó afirmando aquella vez que «esa decisión que hace pie en la solvencia técnica y se apoya en la sensibilidad y el amor a los más vulnerables. Virtudes que no solamente tuvieron las defensoras y defensores oficiales de La Pampa», para terminar diciendo que «nada de esto hubiera sido posible sin la participación imprescindible y decisiva de las trabajadoras y trabajadores de la Defensa Pública pampeana». Siempre el pedido desde su creación era la necesidad de adoptar un sistema que se ajustara correctamente a la Constitución Nacional y que permitiera que el Ministerio Público de la Defensa tenga una jerarquía y una autonomía que sea compatible con las funciones que debe llevar a cabo ya sea de naturaleza civil, como penal. En Santa Rosa, primera circunscripción judicial de la provincia, se atiende solamente en la Defensoría Civil unas 20.000 consultas al año. En lo penal, el 90 por ciento de las causas son tramitadas por defensores oficiales. Ni que hablar de la ingente acumulación de causas relacionadas con el artículo 205 del Código Penal, que se labra a aquellas personas que violan la cuarentena durante la pandemia.

Autonomía fallida.
No hace mucho hubo un proyecto de ley en la Legislatura pero nunca avanzó porque, entre otras cuestiones, el procurador Bongianino siempre defendió el actual estado de cosas con el fundamento de la necesidad de una reforma para darle autonomía al Ministerio Público de la Defensa. Si bien en todo el país la tendencia es irrefrenable, que llevará a una autonomía de la defensa pública, todavía acá en la provincia no la tiene. Nadie duda de que para lograr esa autonomía de la Defensa Pública como pretende Aguirre solo hay que hacer una reforma legislativa y ello al parecer es una ingeniería jurídica exigente y sin mucho interés por resolverse. El titular de la Defensoría siempre quiso que aquella tuviera autonomía e independencia en el marco del MPF para poder manejarse con los márgenes de liberad necesarios para llevar a cabo sus políticas públicas. El pedido de renuncia indeclinable es la consecuencia de todas esas idas y vueltas que nunca pudo concretarse en la Legislatura pampeana y que a la postre ha resultado un fracaso en la defensa estratégica ante la Fiscalía temática de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública y en la Defensoría Contravencional y de Ejecución Penal.

El renunciante no es tan solo un abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Magíster en Ciencias Penales y especialista en Derecho Penal Internacional, sino también docente de excelencia en la UNLPam. Hace muy poco obtuvo el primer premio en el 15° Concurso Internacional de Ensayo sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial, con un trabajo inédito titulado «El secreto profesional de los jueces. Hacia un acto instituyente en Iberoamérica».