Este martes a partir de las 8.30 continuarán los alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada.

Será la segunda de al menos nueve audiencias en las que la fiscalía desarrollará y buscará “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron” el entramado de corrupción que “provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, señaló este lunes el fiscal federal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py, dejando en claro que pedirá que la Vicepresidenta de la Nación sea condenada.

CFK estuvo presente por videoconferencia. Vestida de blanco, escuchó como Luciani manifestó que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.

Es la primera vez que Cristina Kirchner es juzgada y la primera que escucha una acusación en su contra que terminará con un pedido de condena.

El momento de mayor tensión de la jornada de ayer fue cuando el fiscal mostró prueba que hasta ahora no se conocía: mensajes de Whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas José López en los que entendió que la ex presidenta ordenó pocos días antes de dejar el gobierno en 2015 que a Báez se le pague todo lo que se le adeudada por las obras públicas en Santa Cruz. Fueron 537 millones de pesos por obras que no se iban a terminar. Lo llamó “plan limpiar todo”.

El fiscal relató la maniobra desde su inicio. Fue pocos días que Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 como presidente de la Nación cuando Báez creó Austral Construcciones. Primero marcó que tanto el ex mandatario como el empresario eran “amigos íntimos”, algo que CFK “admitió en su indagatoria” y que además eran “socios comerciales”. “Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.

Luciani hizo referencia a una declaración de Alberto Fernández -como testigo en el juicio- para fundamentar la relación de amistad entre el ex jefe de Estado y Báez. El actual Presidente “declaró que a Báez lo conoció en El Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”.

El fiscal también apuntó al resto de los acusados y señaló que fueron llevados para ejercer funciones en Nación durante la administración de NK. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a López, a Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kirchner, de 2007 a 2015.

Para el fiscal así se buscó “interponer barreas de contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación”. “Los ex presidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra. Las relaciones entre todos es inocultable”, remarcó.

También dijo que los organismos de control no hicieron su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, fue designada como adjunta en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al Ministerio de Planificación Federal.

En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Luego de Luciani, habló el fiscal Mola, quien hizo referencia a cómo Báez compró otras empresas constructoras de Santa Cruz para quedarse sin competencia en la provincia. Las 51 obras públicas que se debaten en el juicio comenzarán a ser analizadas en la audiencia de este martes.

Fiscal Diego Luciani

En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios -que la Fiscalía ya adelantó que hará para Cristina Kirchner- suele estar acompañado con la inhabilitación -en muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos públicos.

Si la vicepresidenta es condenada puede apelar pero recién cuando se conozcan los fundamentos de esa decisión, lo que quedará para el 2023, para que sea revisada primero por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso excede los plazos para que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las elecciones del año que viene.

En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

Junto con la vicepresidenta, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de CFK será la sexta.