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La decisión del presidente Mauricio Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en cuestiones de seguridad interior produjo el rechazo de gran parte del arco político opositor. Y recogió solamente repudios entre los organismos de derechos humanos, desde donde calificaron la decisión presidencial como una “amenaza” a la democracia y la vincularon con las medidas de ajuste que el Ejecutivo está implementando.
Nacionales“Fuerzas Armadas fuera de rol: una medida ilegal, ineficaz y peligrosa”, sostuvo el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ). “Meter a las Fuerzas Armadas en seguridad empeoró el problema en todo el mundo”, sumó Felipe Solá, mientras que el jefe de los diputados del peronismo federal, Pablo Kosiner, aclaró que “no estoy de acuerdo en patrullar ciudades o intervenir en conflicto sociales”.
“La experiencia del mundo nos indica que termina siendo un remedio peor que la enfermedad, como en México y Colombia”, opinó Ricardo Alfonsín, como parte de un grupo de radicales que se oponen a la medida.
Desde el Frente de Izquierda (FIT) no hay dudas de que la resolución presidencial apunta a reprimir la protesta social: “Quieren tener las FF.AA. a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI”, dijo el diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS), en tanto el legislador porteño Gabriel Solano (FIT-PO) lo asoció al “plan represivo diseñado por el Pentágono”.
“Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las FFAA en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó, lo que generó una revisión de esa decisión”, dice el comunicado de la bancada del FpV-PJ. “Casualmente cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Macri apela a la demagogia punitiva y continua su degradación de la democracia y el estado de derecho”, plantean los legisladores al tiempo que reclamaron que exigieron que “el debate pase por el Congreso”.
“No es conveniente para un país que ha tenido un partido militar, que las FFAA estén a cargo de la seguridad interior. Si tenemos que derogar leyes que vengan al Congreso”, reclamó Solá en declaraciones periodísticas. El diputado fue uno de los escasos massistas en cuestionar la decisión. “El narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se vende drogas y con una policía especializada, profesional y bajo control civil”, completó.
El papel de los gobernadores
“La política de ‘seguridad interior’ está regulada claramente en la Ley 24059 del Congreso Nacional que en su artículo 3 está definida por el uso de los elementos de fuerzas policiales y de seguridad de la Nación como principio general”, vertió en las redes sociales el salteño Kosiner.
Pero el jefe del bloque Argentina Federal se encolumnó con la línea dialoguista de los gobernadores peronistas: “Es necesario debatir la respuesta del estado en materia de seguridad frente a los flagelos del narcotráfico y el terrorismo internacional, en un contexto distinto a 1991/1992 pero deberían buscar consensos en políticas de Estado y no grietas”.
“No es su función están preparadas para otro cosa. La experiencia del mundo nos indica que termina siendo un remedio peor que la enfermedad, como en México y Colombia”, dijo Alfonsín en declaraciones periodísticas y marcó que “el Gobierno sigue tomando decisiones que nos afectan a todos sin dialogar”.
“Grave error de Macri comprometer a las FF.AA. en la seguridad interior. Argentina tiene un espacio terrestre y marítimo enorme repleto de recursos por proteger. Necesitamos una política de Defensa Nacional que garantice nuestra soberanía, independencia e integridad territorial”, agregó en la red social el senador porteño Fernando “Pino” Solanas.
Para la izquierda no hay duda del sentido que Macri le quiere dar a su decisión.”La reforma de las FFAA que anunció Macri tiene una clara función. Moviliza efectivos hacia la frontera para volcar la Gendarmería contra los trabajadores, ante la brutal ofensiva en marcha, de la mano del FMI”, sumó Néstor Pitrola (FIT-PO). La legisladora porteña Myriam Bregman (FIT-PTS) enumeró los pasos de la política gubernamental: “1-Acuerdo con FMI y mayor ajuste. 2-Reinsertar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad. 3-Construir a los que lo enfrenten como ‘enemigos’. Este es el próximo paso”.
Derechos Humanos
Según evaluó Pisoni, la decisión de Macri tiene “un objetivo claro: responder a la cada vez más creciente conflictividad social con política represiva”. “No hay forma de solucionar plan económico de ajuste y hambre sin represión”, postuló el representante de Hijos. “Esto ya sucedió en la Argentina, ya lo vimos. Y sabemos que los resultados fueron negativos por todos lados. Entonces creemos que hay que frenarlo porque está amenazada la democracia”, concluyó.
“Las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior”, aportó el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de una comunicación oficial en la que concluyó que el “nuevo paradigma” que crean los cambios anunciados por Macri ayer a la mañana “construye enemigos internos y aumenta la violencia”. “Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior pone en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, advirtió el organismo.
Paula Litvachky, una de sus directoras, amplió las definiciones y abrió interrogantes en algunos puntos. “Hay que ver si se concreta esto en cambios normativos. Hay suspenso sobre si se va a modificar el decreto que reglamenta la ley de Defensa o si están pensando hacer otra cosa”, advirtió en diálogo con Futurock, antes de asegurar que la poca claridad que existe respecto de los cambios y las nuevas funciones de las fuerzas armadas implica “jugar con fuego”. “Hoy las Fuerzas Sociales tienen prohibido hacer patrullajes, detener personas, iniciar investigaciones judiciales o criminales. Entonces, no quedaría claro qué pasaría con cualquier problema en un patrullaje de frontera, por ejemplo. Es un gris y es jugar con fuego”, sostuvo.
Por su parte, la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) consideró que el anuncio de Macri “es la conjugación del gobierno que ha negado sistemáticamente el terrorismo de Estado de la última dictadura militar y ha pretendido favorecer la libertad de genocidas, mientras legitima el accionar represivo que se descarga sobre los sectores en lucha y las barriadas populares, con la doctrina Chocobar y las reformas del Código Penal y Procesal Penal”.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman señaló que la situación se puede analizar “desde diferentes aristas, la jurídica, la contextual y la internacional” y que la clave de esta última “está en el alineamiento internacional incondicional que propone Macri con Estados Unidos”. “Tiene planes muy concretos para invadir Venezuela, a través de la cuarta tropa y del Comando Sur. Macri quiere preparar a las Fuerzas Armadas para intervenir en ese conflicto futuro”, evaluó.
En tanto, remarcó que los cambios en la intervención de las fuerzas armadas apuntan a “devolverles el orgullo, el rol de salvadoras de la Patria, esa deuda que él cree que el Estado tiene con los militares pero que no será posible salvar”. “Hay un límite –insistió– que es el terrorismo de Estado, un límite que no se puede perforar, la sociedad tiene memoria.”
“Es una decisión que nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior, por lo tanto es una muy mala noticia, nos lleva a pensar que justamente lo peor de la historia argentina”, definió Carlos Pisoni, de HIJOS, quien aseguró que “como familiar de desaparecidos, de solo imaginar que los militares vayan a poder hacer tareas que hicieron durante la dictadura da escalofríos”.
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