Kroneberger pidió a Macri marcha atrás con el decreto

De acuerdo a un informe que los diputados provinciales del PJ Espartaco Marín y José González recibieron de parte del delegado de Apops, el gremio de los trabajadores de la Anses, significará una merma de 300 a 600 pesos en los ingresos de ese grupo de familias pampeanas, todavía no cuantificado.
“En el caso de La Pampa, aunque el impacto es menor (que en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego), se reducen entre 300 y 600 pesos los ingresos por hijo para las familias de ingresos familiares superiores a $24.492,01 e inferiores a $83.917. La medida impactaría contra una parte de los 29.403 chicos que cobran esta asignación y se contradice con las palabras del propio responsable de Anses, Emilio Basavilbaso cuando el 18 de mayo afirmó que no habría ajuste para las asignaciones familiares”, informaron los legisladores justicialistas mediante un comunicado difundido a los medios.

“Canallada”.
“Es un avance injusto contra las regiones menos beneficiadas del país. Hay lugares de la Patagonia donde las condiciones climáticas no son las mejores y el costo de vida es altísimo. Pretender igualar un ingreso familiar al que recibe alguien del Ciudad de Buenos Aires es una canallada. Además, el decreto incumple el artículo 19 que establece la necesidad de coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas”, afirmó Marín en el texto de prensa.
“Este decreto confirma que el verdadero ajuste lo van a pagar los que menos tienen. Hay sectores que no paran de recibir exenciones impositivas, bajas de impuestos y mantienen las ganancias y para este Gobierno el único elemento de ajuste es el trabajador. El Congreso tiene que actuar para poner un freno”, pidió González por su parte.
“Es un mal augurio, porque este ajuste masivo es una señal que tienen en vista quitarle todos los beneficios que legítimamente le corresponde a la región Patagónica. Ya lo hicieron cuando pusieron en duda los precios diferenciales del gas y la nafta. Puede ser un retroceso histórico si empezamos a dejar pasar estas cosas”, se sumó Marín.

“Marcha atrás”.
Aunque lo harán a través de un proyecto de declaración, es decir, que no genera obligación alguna a la Casa Rosada, un grupo de diputados nacionales de la UCR, todos de provincias patagónicas, expresarán su rechazo a la medida de ajuste en el gasto previsional. 
“Respecto a La Pampa, si el decreto queda firme, quedarían sin el beneficio 30 mil familias, lo cual es importante. En todo el país, son 400 mil familias”, dijo ayer el pampeano Daniel Kroneberger, uno de los legisladores nacionales que impulsa la iniciativa. 
Ayer, desde otro sector de Cambiemos coincidieron con el delegado de Apops respecto a que la medida no afectará a las 30 mil familias que cobran asignaciones, sino a una parte de ellas. Más allá de la cifra en sí, para el ex intendente de Colonia Barón, quien dialogó ayer con Radio Noticias 99.5, resulta “obvio” que el Estado está en “un plan de achicar gastos para reducir el déficit fiscal”, pero “esto no significaría más de 5 mil millones de pesos al año”.

Recorte en el bolsillo. 
“No es una solución para el Estado, pero sí es un dinero importante para el bolsillo de un trabajador, que va a ver recortado su ingreso mensual en tiempos en que la situación está complicada por la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvo Kroneberger.
A su vez, cuestionó la “visión centralista” del gobierno nacional que subyace detrás del decreto. “Nos da la sensación de que esto se da con una visión centralista, no abarcativa del país y, en este caso, van a tener que dar marcha atrás porque se equivocan”, añadió el legislador nacional de Cambiemos.

La Patagonia, la más afectada
Un informe publicado ayer por el matutino porteño BAE Negocios aseguró que la Patagonia asimilará el mayor impacto del ajuste realizado en el plus por zona desfavorable que recibían las asignaciones familiares afectadas por el Decreto 702/18 del gobierno de Cambiemos. 
El trabajo fue realizado por Miguel Fernández Pastor, ex funcionario de la Anses y especialista en temas previsionales, según informó ese medio nacional.
El técnico, en su trabajo, aseguró que la población afectada en todo el país llega a 449.409 personas. Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut registran el recorte para 140.261 casos, con 252.469.800 pesos por mes y 3.282.107.400 por año, más del 55% de los 5.939.348.850 pesos anuales que pretende ahorrar la Casa Rosada.
“Asimismo, las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y departamentos de Formosa tienen 260.785 casos. ‘La pérdida promedio se puede mensurar en un total $117.353.250 mensuales que para un año equivale a $1.1313.649.200″, consideró Fernández Pastor”, dice BAE en su nota. 
De acuerdo al estudio, Mendoza, con 75.100 beneficiarios de las asignaciones familiares, será la más afectada, seguida por Neuquén (72.847), Río Negro (71.688), Chubut (69.553), Santa Cruz (44.128), Salta (36.583), La Pampa (29.403), Tierra del Fuego (26.580), Jujuy (11.780) y Formosa (11.747).