La causa se inició inmediatamente después de las elecciones celebradas el 7 de septiembre de 2022, cuando la apoderada y algunos integrantes de la opositora lista “Rosa y Verde, Pedimos la Palabra”, presentaron un recurso de amparo en la justicia provincial denunciando fraude, luego de que la Junta Electoral avalara una veintena de votos anulados, con el pretexto de “interpretar la voluntad de los votantes”. Esos sufragios, favorables al oficialismo, dieron vuelta el resultado de una reñida elección, cuyo primer escrutinio había consagrado ganadora a la Lista Rosa y Verde.
Durante aquella jornada electoral, el sindicato docente dispuso urnas diferenciadas para la elección de autoridades nacionales de Ctera y la Comisión Directiva provincial. Durante el recuento de votos, desde la Lista Rosa y Verde denunciaron que en la urna destinada a Ctera había votos para la conducción local, ante lo cual se realizó un traspaso de sobres, de una urna a la otra, acción que modificó el resultado del escrutinio.
“La memoria no se borra”.
“El tiempo pasa, pero la memoria no se borra, a dos años y medio del fraude sindical más burdo que se haya conocido en nuestra provincia”, advirtieron desde la Lista Rosa Verde. Mediante un comunicado difundido para informar sobre el inicio del juicio, la agrupación demandante recordó que “el 7 de septiembre de 2022 la conducción provincial de Utelpa ejecutó una de las maniobras más graves y autoritarias de la historia sindical pampeana: manipuló votos, interpretó sobres, cambió resultados y se autoproclamó ganadora en la Seccional Santa Rosa, en una elección donde, hasta hoy, muchos votantes no pueden creer lo que ocurrió”.
“Esto no fue un error: fue un fraude. Las pruebas están y no hay forma de borrarlas. Durante todo este tiempo intentaron deslegitimar nuestro reclamo, nos acusaron de mentirosos, intentaron amedrentarnos, negaron lo evidente. Pero las pruebas están. Y lo más grave: lo admitieron públicamente, reconociendo que cambiaron sobres e interpretaron votos, porque tenían el poder para hacerlo. Ni los más corruptos se animaron a tanto”, concluyeron.
Mandato autoprorrogado.
Frente a la presentación judicial por fraude, el titular del Juzgado Laboral Nº 2, Claudio D. Soto, se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Santa Rosa, cuyo titular, Juan José Baric, también se excusó de intervenir, y elevó el expediente para que la Corte Suprema de Justicia resolviera la cuestión de competencia.
No obstante, el juez Soto sí habilitó una medida cautelar para impedir que asumieran al frente de Utelpa las autoridades electas en ese cuestionado comicio, mientras el juez Baric informaba sobre la acefalía al Ministerio de Trabajo de la Nación, organismo encargado de una eventual intervención en el gremio. La conducción de Utelpa apeló esta resolución en la Cámara Civil, pero los jueces Laura Cagliolo y Guillermo Salas rechazaron la pretensión de que asumiera una lista que había sido electa en tan escandalosa condición.
Con el argumento de evitar una acefalía, Utelpa anunció que prorrogaría el mandato vencido de sus autoridades, situación que se mantiene hasta hoy porque la autoridad laboral nacional nunca intervino y la justicia todavía está lejos de resolver el caso.
Tras dos años y medio de espera, el mes pasado el máximo tribunal ratificó al Juzgado Laboral Nº 2 como organismo competente y devolvió las actuaciones al fuero pampeano para que se sustancie la acción judicial, proceso que comenzará este martes con la primera audiencia.
