La Justicia investiga si Lionel Messi fue espiado por el gobierno de Mauricio Macri

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado están al frente del expediente que busca determinar si funcionarios de la gestión anterior utilizaron de manera ilegal sistemas de información que estaban bajo su órbita para obtener datos privados de políticos, jueces, periodistas y empresarios. La lista completa
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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado ampliaron la investigación sobre un presunto espionaje ilegal ordenado por funcionarios del ex presidente Mauricio Macri, a través del sistema interno de consultas de la AFIP, expediente que se inició hace más de dos años luego de que el periodista Carlos Pagni de La Nación publicara un artículo en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones sospechosas con el objetivo de recabar información privada de jueces, políticos y periodistas.

En las últimas horas, trascendió que se habían agregado a la lista de posibles espiados siete empresarios. Pero los que se agregaron son más que siete y no son solamente empresarios. El juez Canicoba Corral analiza si los ingresos a datos personales de las personas se hicieron de manera ilegal. Entre los que se agregaron a la lista se encuentra el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi.
El jugador del Barcelona ingresó a la lista de personas que se debe determinar si fueron espiadas junto con los empresarios Mariano Martínez Rojas, Matías Garfunkel, Gustavo Cinosi, Julio Korpeski y Ricardo Hazan. Otro de los que se agregó al listado es Jorge Chueco, que no es empresario sino que fue abogado de Lázaro Báez y está detenido desde abril de 2016.

También habrían sido espiados -según informaron fuentes judiciales a Infobae- cuatro integrantes del Ministerio Publico Fiscal, Alejandra Mángano, Marcelo Colombo, Emilio Guerberoff y Marcelo Agüero Vera, y el camarista en lo Penal Económico, Roberto Enrique Hornos.
En el inicio del expediente, el fiscal Delgado le solicitó a Canicoba Corral que constate si a través del sistema e-log de la AFIP se realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique” y que, de ser necesario, se convoque a personal especializado de la AFIP para que explique cómo funciona el sistema. Lo hizo luego de la filtración en la prensa de documentos que demostrarían que allegados a Elisa Carrió espiaban a Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata, Santiago del Moro y Hugo Moyano, entre otros dirigentes políticos y periodistas.

En su artículo periodístico, titulado “El pestilente círculo negro del espionaje", Pagni hacía referencia a la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal vinculadas a la AFI. En ese marco, fue la propia AFI la que radicó la denuncia que recayó en manos del fiscal Delgado y el juez Canicoba Corral.
En el marco de la investigación, el fiscal solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe las solicitudes de información migratoria que se hubieren generado en los últimos dos años respecto de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Casación Federal, de la Cámara Federal, jueces de Comodoro Py y del fuero penal económico, así como de tribunales orales. También saber si se buscó información sobre legisladores, ministros del Ejecutivo y del Gobierno bonaerense, los gobernantes de todas las provincias y la Capital Federal, y del director y subdirectora de la AFI.
Fue así que detectó que al menos 21 jueces de todos los estamentos figuraban en los registros consultados de Migraciones, sin una explicación concreta. Entre ellos aparecía el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda y después se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. (Los movimientos migratorios de otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, figuraban en tanto en las carpetas del falso abogado Marcelo D’Alessio, investigado en Dolores). Entre los 21 jueces, estaba también el propio Canicoba, que había pedido los informes.
Pero la lista es amplia. Desde la camarista de Casación Ana María Figueroa al presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. También aparecen los más nuevos de Comodoro Py, como el camarista federal Mariano Llorens y la flamante jueza federal María Eugenia Capuchetti y jueces a los que en algún momento apuntaron dirigentes de Cambiemos, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez. En la lista también están María Servini, los jueces del fuero penal económico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola. Y de tribunales orales como Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

Se espera que en los próximos días se conozcan otras posibles víctimas del espionaje. Estarían vinculadas al Gobierno nacional y gobernadores de distintas provincias.
Después de que se detectaran esas consultas en Migraciones, el juez pidió informes a otros organismos públicos como AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el Poder Judicial. Pero ante las últimas novedades solicitó profundizar los detalles sobre la AFIP.
“Se trata de desentrañar si desde alguno de los organismos y/o dependencias del estado individualizadas (AFIP, Ministerio de Seguridad de la Nación, Jefatura de Policía de la CABA, Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia, Procuración General de la Nación, Jefatura de PFA, Jefatura de Policía de Seguridad Aeroporturia, Jefatura de Prefectura) se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal” sobre esa veintena de jueces mencionados", añadió el fiscal Delgado a la hora de ampliar su investigación.
A la larga lista que ya estaba en la causa, en los últimos días de sumaron varios más. Entre ellos el de Lionel Messi, que en las últimas horas ofreció una entrevista luego de la denuncia contra su club, el Barcelona, por la contratación de una empresa que supuestamente difamaba a varios integrantes del plantel en las redes sociales.

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