El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, decretó la intervención federal de Brasilia para que actúen fuerzas de seguridad y miliares hasta el próximo 31 de enero para que actúen fuerzas de seguridad y militares hasta el próximo 31 de enero, mientras que garantizó que todos los responsables de lo que calificó como una "barbarie" contra la democracia, a los que llamó "fascistas", serán castigados.

El decreto implica que las fuerzas federales "pueden actuar" para preservar la seguridad en Brasilia.

"Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados", expresó.

El presidente brasilero cuestionó las actuaciones de la Policía Militar, al señalar que "algunos se encontraron guiando a los vándalos", por lo que anticipó que habrá una investigación al respecto.

En ese marco, al menos 130 personas fueron detenidas por participar de los actos golpistas de hoy de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que invadieron la casa de gobierno de Brasil, el Congreso y la sede de la corte suprema en Brasilia, luego de que la policía recuperara el control general de la situación, informó la prensa local.

Fuentes de la Policía Civil de Brasilia, citadas por los medios locales, dijeron que varios ómnibus con detenidos que habían participado de los actos de vandalismo en la invasión a los edificios públicos fueron llevados a las comisarías de la capital.

Intento de golpe de Estado, controlado
De acuerdo con medios locales, el interior del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto fueron desocupados luego de una operación que contó con la tropa de choque y el lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros, convirtiendo Brasilia en una plaza de guerra a raíz de la acción de los seguidores de Bolsonaro, que piden un golpe de Estado.

Los edificios de la corte y el Planalto fueron retomados por la policía, aunque todavía quedaban manifestantes frente al Congreso Nacional.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, pidió "disculpas" a Lula por el fracaso del operativo de seguridad que organizó el recién despedido secretario de Seguridad Anderson Torres, exministro de Bolsonaro.

Por ello, Lula decretó la intervención federal por un mes de la seguridad de Brasilia.

Entre los detenidos se encuentran 30 personas que fueron capturadas por la Policía Legislativa cometiendo desmanes dentro del Congreso.

Por su parte, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, al comentar los destrozos en el edificio de la máxima corte, aseguró que los jueces "no se intimidarán y actuarán para sancionar a los terroristas".