El embarazo de una niña forzó la adhesión de Salta al protocolo de aborto no punible

El embarazo de una niña de apenas 10 años, que declaró ante el equipo de salud que su padrastro la violaba tras confirmarse la gestación de cinco meses, forzó ayer al gobierno de Salta a adherir al protocolo nacional de aborto no punible que rige desde 2015.

Aun cuando las autoridades provinciales informaron que la madre de la menor había optado por no interrumpir el embarazo, considerado de alto riesgo por la edad de la niña, hacia la noche de ayer un equipo interdisciplinario del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia había vuelto a tomar contacto con la mujer para informarle sobre la posibilidad de cambiar la decisión y optar por la interrupción legal del embarazo.

De acuerdo con la reconstrucción de lo sucedido, el miércoles 9 pasado la madre llevó a su hija a la guardia del Hospital Público Materno-infantil de la capital salteña. La consulta era por "dolores estomacales". Durante la ecografía abdominal, la médica que hacía el estudio detectó el embarazo, que estaba avanzado (19 semanas). Entonces la niña contó que su padrastro había abusado de ella.

"En ese momento, se hizo la denuncia ante la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de turno, que, por la edad de la niña, dio intervención a la Asesoría de Incapaces y Menores Nº 5. Fueron ellos los que se entrevistaron con la madre y la niña y le comunicaron al Ejecutivo provincial la expresión mediante un acta de la voluntad de continuar el embarazo", explicó ayer a LA NACION por vía telefónica la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Rosaura Gareca.

El lunes 14, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que "al hacer la consulta con la fiscalía se ordenó la detención del acusado, quien el mismo día fue aprehendido por personal policial. A su vez se ordenaron diligencias tendientes a esclarecer el hecho, se dio intervención a la asesora de menores en turno y el médico forense del cuerpo de investigaciones fiscales se constituyó en el hospital para examinar a la menor".

El fiscal Federico Obeid imputó al padrastro del delito de abuso sexual con acceso carnal en contra de una menor de edad. Solicitó, además, que "se entreviste a la menor en circuito cerrado de televisión".

Gareca señaló que también se entrevistaron con la madre funcionarios de la Subsecretaría de Asistencia Integral del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, del que depende el Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia. "Ante este caso -indicó-, el gobernador [ Juan Manuel Urtubey ] resolvió adherir al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo y derogar el decreto vigente desde 2012 que fijaba el plazo de gestación en 12 semanas para el procedimiento y exigía la presencia de un funcionario del Ministerio Público en la declaración jurada de expresión de voluntad de la mujer".

Confirmó, además, que un equipo ayer le informó a la madre del decreto provincial "para que pueda tomar una decisión libre e informada de los derechos y las posibilidades que tiene su hija", que está en la 21° semana de gestación. De acuerdo con el protocolo actualizado a 2016 del Ministerio de Salud de la Nación, no debería demorarse mucho más el procedimiento si la madre cambiara su decisión.

 
El caso nada tiene que ver con el debate que en pocas semanas se habilitará en el Congreso para despenalizar el aborto, ya que la violación es una de las causas por las que las mujeres pueden optar por el aborto no punible con la sola expresión de su decisión informada ante el equipo de salud tratante. Lo mismo sucede si el embarazo pone en peligro la vida o la salud maternas.

Eduardo Valenti, profesor titular de obstetricia de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que en los embarazos a edades tan tempranas el principal riesgo para la madre es el social y psicológico. "A los 10 años, una chica es muy inmadura, pero con un buen control no debería tener problemas. Pero para el momento del parto, tal vez por los músculos y los huesos de la pelvis, con la estrechez lógica de la edad, quizá tenga más posibilidad de tener un parto por cesárea que a los 15 o 16 años", explicó Valenti, que además es el director de la Maternidad Sardá.

Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (FEIM), "es una situación muy triste porque es difícil saber cómo continuará el embarazo de la menor, que es de riesgo. Nuestra experiencia en estos casos de niñas madres nos dice que a las familias les suelen ofrecer todo tipo de ayuda, incluido el apoyo económico. Pero lo que vimos hasta ahora en otras provincias y en otros casos es que esa ayuda no siempre se concreta, excepto por un subsidio".

En estos casos, continuó, "a las niñas se les vulneran los derechos dos veces: una con la violación y otra cuando piden y no les conceden la posibilidad de interrumpir el embarazo, como lo contemplan las normas y un protocolo sanitario al que el gobernador [Urtubey] adhirió hoy [por ayer]. Sin duda es una decisión política positiva para que esto no se repita, pero a esta niña ya la dañaron al vulnerarle sus derechos".

El decreto
Justificación

"Que al ser uno de los fines primordiales del Estado la tutela de la salud pública y de la vida e integridad física y psíquica de sus habitantes, resulta oportuno adoptar, en ejercicio de competencias propias, criterios armónicos que permitan salvaguardar y proteger a las víctimas de los delitos"

Víctimas

"A fin de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos, que impidan a las víctimas tomar sus decisiones en plena libertad, resulta necesario que la Provincia adhiera a los lineamientos establecidos en el 'Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo' del Ministerio de Salud de la Nación"

La adhesión

"Adhiérase la Provincia, para su aplicación obligatoria en todos los efectores de la salud, al 'Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo', elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación"

El decreto el protocolo que rige desde 2015
Salud de la mujer

El protocolo establece que el riesgo de salud para una embarazada debe entenderse como un concepto integral que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica que cuando una mujer solicita un aborto no punible porque ese embarazo pone en riesgo su salud, no se considera que el peligro sea únicamente físico, sino que también puede alegar que afecta su salud mental y equilibrio psicológico

Decisión

En el documento se advierte: "La información incompleta, inadecuada o la subestimación del riesgo pueden acarrear responsabilidades legales al profesional de salud interviniente". Además, se pondera que "la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas". En el momento en que se conoció el protocolo fue duramente criticado por políticos, referentes sociales y la Iglesia