El plan del Gobierno incluye también un costado financiero. Sostienen que será el mayor actor financiero del sector y que aportará divisas "sin especular con la liquidación".
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Todos los medios son buenos cuando son eficaces. Si bien la frase le pertenece a Sartre, el presidente Alberto Fernández ayer le dio forma a una idea que, de prosperar, será eficaz en conseguir varios objetivos con los que el mandatario llegó al poder. Uno de ellos, el rol del Estado como vector no sólo de crecimiento, sino de desarrollo.
Realizado el anuncio de la intervención que deberá pasar por el Congreso, los ojos del mundo pasaron de la firma agroexportadora Vicentin -que será expropiada- a los de la nave insignia estatal argentina, YPF, una empresa de capital mixto. Será la petrolera (que tiene una unidad de negocio Agro) la encargada de gestionar los activos de Vicentin. En rigor, hay, en el anuncio, un doble movimiento. Por un lado, el Gobierno clausura la posibilidad de que avance el deterioro financiero de la empresa santafecina, ubicada entre las diez agroexportadoras más importantes del país, que entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de 1.350 millones de dólares, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.
Por otro, y lo que es más relevante, se canaliza y condensa gran parte de la concepción económica que profesa la Casa Rosada para los tiempos venideros, esto es, una apuesta a lograr un impacto positivo en términos de actividad económica, una mayor productividad agrícola, apuntalar el volumen de exportaciones, mantenerse en un rol protagónico en el mercado de los alimentos y, a la vez, habilitar un reaseguro en términos de ingreso de dólares al país.
El directorio de YPF se reunirá hoy para tratar este único punto. Pero la información a la que accedió Ámbito permite ir más allá. El Gobierno quiere que YPF Agro sea, de ahora en más, no sólo un actor fundamental en el mercado agroexportador, sino también una firma de capital estatal mayoritario. Una vez expropiados los activos, éstos serán aportados por el Estado a la constitución de YPF Agro S.A. mientras que los bienes no expropiados irían a un fideicomiso para la masa de acreedores del concurso. Por otro lado, YPF formará la nueva sociedad con todos los activos de su división Agro. En última instancia, en el Gobierno apuntan a crear, incluso, una nueva empresa de alimentos, que reemplazará a YPF Agro S.A. y que tendrá rol protagónico en ese mercado.
Las cifras son elocuentes. Se piensa que la sumatoria de ventas resultantes entre Vicentin e YPF Agro rondará las 10 millones de toneladas. A la vez, permitirá mantener la fuente de trabajo a 1.300 personas. Fuentes ligadas al Ministerio de Producción señalaron también que el proyecto no sólo permitirá recuperar la deuda estatal, habrá también un resguardo del patrimonio productivo, asistencia a productores regionales y expectativa de un crecimiento en las ventas.
Como se dijo, no escapa tampoco a algunos efectos financieros. Se estima que la flamante empresa aportará divisas “sin especular con la liquidación” y que, en los hechos, se constituirá como el mayor actor financiero del sector. A la vez, las fuentes sostienen que se podrán evitar acopios especulativos. En este sentido señalan que a mayo de 2020 había 20 millones de toneladas equivalentes u$s4300 millones sin vender. A esto añaden que en la Casa Rosada ven con buenos ojos la posibilidad de quitarle el rol protagónico que hoy tienen las empresas trasnacionales en el sector. La mayor parte de los principales exportadores son firmas multinacionales o trasnacionales. Esto se traduce en una cuestión relevante que fue dicha anteriormente: los cálculos hacen pensar que la empresa podría participar con el 40% del mercado agroexportador, lo que la transformaría en una de las principales.
El presidente Fernández anunció que Roberto Gabriel Delgado será el nuevo interventor de Vicentin. Licenciado en Economía Agropecuaria y doctor en Finanzas, Delgado fue, entre 2013 y 2015, durante el último mandato de Cristina Fernández, secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Desde 2016 hasta la actualidad cumplió el rol de director del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP) del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario (INTA).
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