Atuel: Mendoza y La Pampa se miden tras fallo de Corte

Tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación de la semana pasada que estableció un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundos (m3/s) permanente para el Río Atuel, un punto intermedio entre los pedidos de La Pampa y de Mendoza, ahora ambas provincias se preparan para una reunión para el comité que regula la cuenca (CIAI) donde deberán consensuar el siguiente paso: un plan de obras para que el agua llegue a territorio pampeano. En paralelo, el gobierno mendocino aguarda con expectativas la semana próxima por un tema lateral pero relacionado: el pago el 28 de julio de Nación de u$s 18,6 millones por la cuarta cuota de la deuda que tiene con la provincia, destinada a la financiación de la obra de Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, que desemboca en el Colorado, otro foco de tensión entre mendocinos y pampeanos.
 
La decisión del máximo tribunal, que medió en una disputa histórica entre los distritos ahora gobernados por el peronista Sergio Ziliotto y el radical Rodolfo Suarez, también ordenó “a las provincias involucradas que, junto con el Estado Nacional, determinen en la órbita de la CIAI las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente fijado”. Asimismo, tras décadas de desacuerdos, la Corte también los obliga a concertar “el porcentaje de los costos que cada una de las jurisdicciones afrontará y, asimismo, que diagramen un programa de monitoreo permanente”, atentos a las propuestas de Nación. El plan deberá llegar al máximo tribunal en los próximos 90 días.

En Mendoza buscarán convocar al CIAI en la próxima semana. Y pese al largo historial de desacuerdos, en las consultas realizadas a ambas provincias hay un punto en común: el Atuel no tiene nada que ver con Portezuelo. Son cuestiones que tienen trazados paralelos, aunque se crucen en algún punto del infinito.

En diálogo con este medio, el ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, manifestó que la discusión ahora es estipular “qué obras hacer y cómo se financiarán”. Para eso, esperan convocar al CIAI, y en la carpeta estará las obras propuestas por Nación a las que adhirió Mendoza: realización de pozos para aguas subterráneas, impremeabilización de kilómetros del Atuel inferior para evitar infiltraciones. Por eso, para Mendoza hubo aval a su posición en la Corte, porque “el caudal establecido deberá alcanzarse con obras financiadas de común acuerdo”, como dijo Suarez.

En tanto. La Pampa, que también festejó el fallo por el caudal fijado, se realizó una reunión entre los referentes en el área hídrica para buscar la posición que llevarán a la CIAI, según pudo saber este diario. No trascendió el punteo final de esa cumbre, pero en la administración de Ziliotto esperan que Nación financie al menos dos tercios de las obras a realizar para que el agua llegue a su porción del Atuel.

Respecto de Portezuelo, la atención está puesta en el giro que Nación debe realizar a Mendoza de u$s18,6 millones, de acuerdo a un cronograma que se extiende hasta 2024, hasta completar los u$s 1.023 millones que acordaron en 2006 Néstor Kirchner y Julio Cobos para financiar la obra, como un acuerdo extrajudicial por los perjuicios a Mendoza de la Ley de Promoción Industrial. En ese sentido, la gestión de Alberto Fernández giró dos de las tres cuotas ya depositadas (la primera fue con administración Macri) y la cuarta será un termómetro. En el distrito cuyano recuerdan que la deuda de Nación es independiente de la obra, y que el monto corresponde a Mendoza.

En tanto, los pampeanos mantienen su posición inalterable: que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental, tal como logró imponer en el COIRCO (el comité que regula la cuenca del Río Colorado) con apoyo de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Y Ziliotto sigue batallando para frenar la licitación que sigue su curso, con una primera apertura de sobres ya realizada.

Mendoza, que votó en contra y pidió el laudo presidencial, quiere que se avalen los que ya realizaron las universidades de La Plata y del Litoral (avalados 4-1 en 2018), o al menos que no se hagan los nuevos bajo la Ley de Obras Hidráulicas. “Si se rige por esa ley, no se podría hacer nunca más una represa en la Argentina”, dicen cerca de Suarez. Por eso, buscan flexibilizar la postura de los socios del COIRCO en ese punto. El proceso de licitación, en tanto, seguirá como hasta ahora por parte de la provincia.

El punto de conexión que el ministro Ibáñez observó entre el fallo del Atuel y Portezuelo, es la necesidad de las obras. “Implica un concepto: la disminunción de la oferta hídrica por los cambios ambientales requiere de obras. Hay necesidad de agua para riego, consumo y energía. Se necesitan inversiones como la de Portezuelo”. En ese sentido, esperan que el fallo abra una nueva instancia de diálogo con Nación y las provincias del COIRCO.