Bolivia sacudió este jueves el tablero político regional, al revelar pruebas que involucran al gobierno de Mauricio Macri con el golpe de Estado que dio por tierra con la gestión de Evo Morales, en noviembre del 2019.

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó una carta enviada por ahora ex jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia Gonzalo Terceros Lara a Normando Álvarez García, embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri.

En el texto, el militar le agradece a Álvarez García el envío de municiones para reforzar a las fuerzas armadas y de seguridad, y le confirma la recepción de al menos 40 mil cartuchos AT-12.

"Resaltamos que la Argentina de Macri les dio a las fuerzas militares, que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal", explicó el canciller de Bolivia durante la conferencia de prensa.

Acto seguido, remarcó que la carta entre el brigadier y el diplomático está fechada el 13 de noviembre de 2019, dos días antes de la masacre de Sacaba, y 6 de la de Senkata, y dijo: "Hoy estamos indignados porque la conducta de un gobierno extranjero colaboró para concretar graves violaciones de los DDHH".

"Vamos a pasar esta información a las autoridades que están llevando la investigación. Consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable. Es una contribución para que se comenta graves violaciones de DD, y para que se atente contra la soberanía y dignidad nacional", explicó.

Y lanzó: "El gobierno de Macri aportó equipamiento y material para que se puede reprimir la protesta social para consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional".

Asimismo, el presidente boliviano Luis Arce manifestó su repudio “al apoyo del gobierno del ex presidente Macri al Golpe de Estado que vivimos el año 2019” y señaló que “el envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales”.

“Ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández”, concluyó.

Luego de que trascendiera la noticia, el ex Canciller Jorge Faurie aseguró que “no hay ninguna índole de la Embajada como para poder enviar ese material”. “La Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material”, dijo el ex funcionario del gobierno de Cambiemos en IP.

En paralelo a la conferencia, Alberto Fernández -a quien Evo Morales reconoció como su salvador, luego de que le diera asilo en la Argentina-, hizo pública una carta al gobierno de Luis Arce Catacora, en la que se disculpa por el rol de la Argentina en el golpe.

Bolivia no solo denunció la complicidad argentina, sino que también implicó al gobierno de Ecuador durante la presidencia de Lenin Moreno.

En tanto, medios bolivianos informaron que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidenta Áñez por las "masacres" de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.

"Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para el día de mañana, que por medidas de bioseguridad se tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)", dijo el fiscal.

Las masacres de Sacaba y Senkata
Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.

Los hechos se produjeron cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves", informó La Razón, de Bolivia.

Recordó que "cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos".

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.

En esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.

Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.