El monto del contrato es por $1.195.326,86, fondos aportados por el Gobierno provincial y con un plazo de ejecución de 180 días corridos.
PROPAyS
En la sede de la Administración Provincial del Agua se firmó un nuevo convenio enmarcado en el PROPAYS entre el administrador, Fabricio González Martín y el presidente de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, Carlos Ferrero. El monto aportado por el Gobierno Provincial es de unos $972.000.
La concreción del proyecto se enmarca dentro del Programa Provincial de Agua y Saneamiento (PROPAyS), una herramienta eficaz y dinámica para los intendentes y cooperativas que tienen a su cargo el servicio de agua potable.
Algunos ciudadanos lograron captar el momento de los ataques. ATENCIÓN: Imágenes que pueden herir la sensibilidad del lector.
La enfermedad presenta circulación viral autóctona en 19 de los 24 distritos en que se divide el país. El mayor número de casos es aportado por la región del Centro (59,9%), seguida por la región del Noroeste (20,4%) y Noreste (17,8%), siendo las regiones Oeste y Sur las que presentan el menor número de casos.
Ajuste al cine: el Gobierno cerró las puertas del INCAA y licenció a los trabajadores
La gestión de Javier Milei suprimió las unidades operativas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), presuntamente para propiciar "una estructura que conlleve a mecanismos y procesos más ágiles", con "un menor costo presupuestario".
La Escuela Agrotécnica de Victorica fue sede del primer encuentro de directivos de educación técnico profesional
El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, realizó el primer encuentro de la Red de Directores y Directoras de nivel secundario de dicha modalidad. En estos espacios se trabajan de manera conjunta los lineamientos políticos educativos de la jurisdicción, además de intercambiar experiencias locales y compartir tareas y necesidades entre los actores presentes.
A partir de julio, la receta electrónica será obligatoria en todo el país
La medida busca reducir problemas de legibilidad, adulteración e incluso obliga a los profesionales de la salud a tener que registrarse para estar habilitados a emitir una receta.