La Corte Suprema de Justicia fijó un plazo de 90 días para que el Estado nacional y las provincias de Mendoza y La Pampa lleguen a una solución en el conflicto por el uso del caudal del río Atuel.
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Dentro del mismo plazo el Estado nacional y ambas provincias deberán indicar “el porcentaje de los costos de las obras que cada jurisdicción afrontará”.
En el acuerdo celebrado en la mañana de este martes el máximo tribunal ordenó además que, en caso que las partes no lleguen a un acuerdo, “deberán informar las razones que lo expliquen”.
Además, advirtió que “de no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones, esta Corte definirá el curso de las acciones ulteriores”.
“En el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza, el 9 de mayo de 2018”, consignó otro de los puntos dispositivos de la resolución.
Para tomar esas determinaciones, la Corte recordó que el 20 de febrero último venció el plazo de 30 días que había fijado en diciembre de 2017, “sin que las provincias involucradas hubieran llegado a una solución” sobre el manejo de las aguas del río Atuel, un conflicto que ya lleva varias décadas.
La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz.
La Pampa reclama el “cese del daño ambiental” que, según sus autoridades, provoca Mendoza con el “uso abusivo” del río “durante más de 70 años”.
“A La Pampa le robaron un río”, sostuvo, en una audiencia celebrada el año pasado, el gobernador de esa provincia, Carlos Verna, para quien “hay soluciones” pero “falta colaboración” y “no hay buena voluntad” por parte de las autoridades de Mendoza.
En esa misma audiencia, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, señaló que la actual pretensión de La Pampa es similar a la resuelta por la Corte en 1987, y que “desde entonces Mendoza se mantuvo siempre abierta a una negociación de buena fe, que atienda los intereses de ambas partes”.
Otros representantes de esa provincia recalcaron entonces que “no se puede distribuir lo que no hay”, en referencia al agua cuya “escasez” le atribuye su vecina, a la que le reprochan “falta de inversiones” en obras.
La Pampa promovió la demanda invocando el “derecho humano al agua”, para que “se declare la presencia de daño ambiental”, como consecuencia de supuestos incumplimientos de Mendoza a la sentencia de la Corte de 1987. Pretende, además, que su vecina le pague una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Hace un año, la Corte había ordenado que, en el contexto de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), el organismo creado por las provincias interesadas para solucionar el conflicto, se elaborara un programa se ejecución de obras. Pero tampoco se pudo avanzar.
Tras declarar su competencia originaria para intervenir en la causa, la Corte, en contra de lo que expresaron las partes, afirmó que la cuestión actual es distinta a la que resolvió hace 30 años, ya que ahora existe un problema ambiental que debe superar el modelo “dominial”; los recursos naturales son “interdependientes” y deben ser cuidados de manera integrada, precisó.
La Pampa pidió, también, que se solicitara al Estado nacional “brindar colaboración económica, financiera, técnica y toda otra asistencia que resulte necesaria para implementar las obras cuya realización disponga tanto en la sentencia definitiva como en la etapa de ejecución”. (Télam).
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