El documento, al que accedió LA ARENA, señala que desde la puesta en vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en marzo pasado para atenuar los efectos de la pandemia de coronavirus hasta el mes de agosto «ha recrudecido la estadística sobre las Medidas de Protección Excepcionales que se toman a raíz de la vulneración y/o violación grave de derechos».
«En lo que va de la cuarentena se han tomado 28 medidas de carácter excepcional ante situaciones de maltrato, abuso, negligencia», sostiene el informe al tiempo que considera que se trata de situaciones conflictivas «graves» que «impiden la continuidad de la convivencia». De acuerdo a esos datos, 28 niños, niñas y adolescentes con un promedio de entre 6 y 12 años fueron separados de manera transitoria de sus familias y ubicados en familias de contención hasta que estén dadas las condiciones para el retorno a la vivienda familiar.

Mayor gravedad.
Para el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Bonino, se trata de «algo habitual ya que todos los años se toman medidas excepcionales ante la vulneración de derechos». Sin embargo, el funcionario consideró que los datos reflejan el impacto que tuvo la pandemia de coronavirus y sus consecuentes medidas de prevención en las situaciones que tienen a chicos y chicas menores de edad como víctimas de violencia o negligencia familiar.
«En el contexto de pandemia, el cierre de clubes, de escuelas o establecimientos agravó las situaciones ya que en un contexto normal por esos lugares se detecta la vulneración de derechos. En esas condiciones normales uno muchas veces tiene la posibilidad de intervenir de manera preventiva cuando la situación no es tan grave», explicó Bonino a LA ARENA.
Y agregó: «Al no estar ese mecanismo de detección de episodios de vulneración de derechos que generalmente cumplen las escuelas o clubes, las situaciones que nos han llegado ya presentaban un nivel de gravedad que ameritaba la toma de la medida excepcional, es decir, el retiro del niño o niña del ámbito familiar».

Más que en 2019.
Por otra parte, otros de los datos que revela el informe presentado durante la última reunión del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, es el porcentaje que surge al comparar los datos del año pasado con los datos de este año, expuestos en este artículo. Puntualmente, las 28 medidas excepcionales que se tomaron desde marzo hasta agosto de 2020 representan un 54% del total de medidas que se llevaron adelante durante el 2019.
Durante el año pasado, la Dirección a cargo de Bonino debió intervenir y separar momentáneamente a 52 niños, niñas y adolescentes de su ámbito familiar por sufrir diversas situaciones que vulneraron sus derechos. Es decir, las intervenciones que hubo en cinco meses de cuarentena representan más de la mitad que hubo en los 12 meses de 2019.
«Al no contar con las escuelas o clubes que generalmente detectan esas situaciones, durante la pandemia las detectamos a través de demandas espontáneas o denuncias de allegados que presencian o notan rasgos que traen aparejada una situación de vulneración de derechos», indicó Bonino.

Atención.
Durante la entrevista con este diario, el funcionario explicó que esos niños, niñas y adolescentes son puestos temporalmente bajo la guarda de una familia de contención y bajo el monitoreo estatal. Mientras tanto, los mecanismos estatales se activan para trabajar también con las familias en la mejora y modificación de las conductas que restringen los derechos de esos chicos.
«Muchos de esos chicos ya fueron restituidos a sus familias por tratarse de situaciones que se pueden trabajar a partir de la modificación de las pautas inadecuadas de crianza», aseguró Bonino. Sin embargo, advirtió: «Hay otras situaciones más graves como por ejemplo los abusos sexuales intrafamiliares, donde la posibilidad de hablar de una restitución es directamente imposible».

Esfuerzo.
Finalmente, el informe al que accedió este diario da cuenta del esfuerzo que realizó la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno provincial para fortalecer los dispositivos de alojamiento y contención de aquellas personas menores de edad que tienen alguno de sus derechos vulnerados.
Todas las acciones están enmarcadas en la llamada «Estrategia Aunar», que consiste, entre otras cosas, en la distribución de tarjetas precargadas a cada dispositivo de contención para la compra de insumos de higiene, protección personal y kits lúdico-pedagógicos, junto con guias de recomendaciones y protocolos relacionados al coronavirus.
En total, la estrategia alcanzó a siete dispositivos en la provincia y requirió de una inversión de más de 151 mil pesos.